“SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO”
Nadie esperaba lo que pasó el 2 de Octubre. La victoria del “NO” en el plebiscito por la paz, por el estrecho margen de 53.894 votos, así como la abstención de 62,57% fue una sorpresa para todos. Este resultado nos entristeció a quienes apoyamos con fervor el “SI”, por representar la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y la posibilidad real de empezar a construir paz en Colombia.
No obstante, no hay tiempo para la tristeza. El resultado del plebiscito no sólo representó un contratiempo en el proceso de diálogos, sino que evidenció la profunda crisis política que vive el país, y cuyos resultados no están garantizados para nadie. Nos encontramos frente a una situación en la que los diversos sectores que tienen una apuesta frente al proceso de paz, medirán sus fuerzas. En los últimos días, también ha quedado claro que la apuesta de los promotores del “NO” a nivel nacional, lejos de su retórica sobre una improbable renegociación, consiste en arrinconar a la insurgencia, exigir su rendición, o recrudecer la confrontación armada. Para el gobierno, es una oportunidad más para impulsar su idea de una paz lo más barata posible, sin transformar las causas del conflicto.
Estas dos posturas, que siempre han estado hermanadas, han propuesto un “pacto político nacional”, que no sería nada más que un reencauche de los pactos que las élites colombianas han celebrado entre ellas mismas para asegurar su dominio en el país. Pactos como los del 53, para imponer el gobierno de Rojas Pinilla y desarticular las guerrillas liberales; o el del 58, para desmontar el gobierno del mismo general e imponer el Frente Nacional; o más recientemente, el del 91, que se aprovechó de la movilización social para imponer una Constitución Política que profundizó las causas del conflicto.
El acuerdo, por su parte, expresa la constatación de que el Estado no ha sido capaz de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y que, para evitar la reproducción del conflicto, debe cumplir sus obligaciones constitucionales: darle tierra a los campesinos, en condiciones dignas de salud, educación, producción y comercialización; dejar de tratarlos como enemigos y, por el contrario, incluirlos con sus propios proyectos de vida; reparar a las víctimas y reconstruir la verdad histórica del conflicto, en la que todos los actores deberán reconocer sus responsabilidades ante el país; garantizar la participación política de toda la sociedad, incluyendo a la insurgencia, como principal garantía de no repetición.
La sociedad, que ha creído en la posibilidad de la solución política al conflicto, y la víctimas, que demostraron su apoyo irrestricto a los acuerdos, demandan el cumplimiento efectivo de los mismos para que sus derechos sean tenidos en cuenta.
Lo que está en juego en este momento es una disputa política por la construcción de legitimidades. Y si bien en el plebiscito, formalmente ganó el “NO”, en término reales fue un empate, que desplaza la disputa política de los espacios institucionales, en los que la clase política tradicional predomina, y abre la posibilidad para que, desde las calles, se construya la legitimidad social que requiere el Acuerdo Final.
Los resultados del plebiscito evidenciaron lo que el movimiento social y popular ha dicho desde un principio: que el proceso de diálogos y la implementación del Acuerdo Final abren un momento excepcional en la historia de Colombia. Momento en el que solo hay dos opciones: o la élites se reacomodan e imponen el camino de la guerra; o el pueblo se moviliza para construir la paz. Esta opción, la más democrática, justa y racional, requiere que tengamos la capacidad de interpretar la indignación que se ha generado en el país, y hacer que la misma se convierta en un ejercicio activo de la ciudadanía, con el fin de converger en una inmensa movilización, que no deje duda sobre la legitimidad de los actuales acuerdos. Movilizarnos en este momento es crucial para que la decisión sobre la continuidad del proceso de paz la tome la sociedad colombiana, y no que otros la tomen por nosotros.
