Sobre las violencias en la universidad

«No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de intereses egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula rector de la Universidad de San Carlos ha dicho su primera palabra: Prefiero antes de renunciar que quede el tendal de cadáveres de los estudiantes. Palabras llenas de piedad y de amor, de respeto reverencioso a la disciplina; palabras dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni propósitos de acción cultural. Se siente custodiado por la fuerza y se alza soberbio y amenazador. ¡Armoniosa lección que acaba de dar a la juventud el primer ciudadano de una democracia universitaria! Recojamos la lección, compañeros de toda América; acaso tenga el sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad; ella nos muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión.» 

Manifiesto de Córdoba

En las últimas semanas han circulado en la Universidad una serie de comunicados que problematizan la violencia desde una perspectiva unidimensional, lo cual ha servido para justificar desde la instancia administrativa del Alma Mater un cierre arbitrario y que fue esencialmente un acto violento hacia la democracia, representada ésta, en el derecho a la protesta y la movilización social;  ejercicios realizados de manera política por el sector estudiantil de la Universidad de Antioquia.

Por esta razón desde la Red de Colectivos de Estudio en Pensamientos Latinoamericanos (Red Cepela), se propone reflexionar sobre lo que se entendería por violencias y de qué manera se configuran en el escenario del Alma Mater. Se inicia esta conversación escrita retomando algunos apartes de la respuesta que el profesor Mahecha, del Instituto de Física, hace a la carta del profesor Francisco Cortés, Director del Instituto de Filosofía; donde debate entre múltiples aspectos, la apropiación del espacio público en beneficio del interés privado, así como la capacidad política del estudiantado.

“Los estudiantes son adultos, pertenecen al grupo más culto de las comunidades donde viven, de ninguna manera son minusválidos intelectuales, todo lo contrario, son personas cuya alta racionalidad les impide aceptar el estado de cosas que se les impone. Son sujetos de la plenitud de los derechos, y la ilustración es un derecho fundamental, ni el Rector ni el Consejo Académico ni el Director los han derrotado con argumentos. En el caso de que realmente fueran minusválidos intelectuales, eso hablaría muy mal de la enseñanza básica y de los sistemas de admisión de la universidad, porque tanto los que promoverían acciones insensatas como los que se dejarían manipular por ellos provienen de la enseñanza básica y fueron admitidos mediante los sistemas de admisión. Por el contrario, es Cortés quien está tratando a los estudiantes, y por extensión a los profesores que les reconocemos derechos, como menores de edad.”[1]

La reflexión que propone el profesor Mahecha viene de los planteamientos que hace Kant con respecto a la minoría de edad; donde los sujetos no son capaces de pensar por sí mismos, sino que toman las ideas y ejecutan acciones, desde condiciones mecánicas o inducidas, sin un mínimo de cercanía a la razón o al contexto. De la mano con esta reflexión observamos como la administración de la Universidad cierra el corazón académico del departamento, por voz del Gobernador de Antioquia y con argumentos sin fundamento como el de proteger el interés de la Universidad; ignorando además los estudiantes que se encontraban en un campamento universitario, con el que sólo buscaban ser escuchados, apelando al ejercicio democrático de la movilización. 

He aquí una reflexión; ¿no es acaso un acto violento mentir y decir que se cierra la universidad por protegerla, cuando el objetivo es acallar los reclamos del estudiantado que se preguntaba por qué la administración había firmado unos acuerdos que luego desconocería? ¿No es acaso esto una afrenta a la democracia? ¿Un caballo de Troya discursivo?

A reglón seguido, hay indignación por el acto irresponsable del desalojo; pues al ordenarlo, las 70 personas que acampaban esa madrugada del 29 de octubre en los bajos del bloque 16 quedaron a la deriva, sin alimento ni transporte a manos del ESMAD, y de espaldas a formas democráticas, se dejaron de contemplar alternativas de diálogo para el cese de esta actividad.

La discusión, la interlocución y el debate, así se simulen en discursos, en comunicados o en eventos de control donde las fronteras del disenso están definidas, no son el mecanismo preferente de la administración para la resolución de los conflictos; siempre parece necesario el recurso de la fuerza para imponer “el bien común”, “la vigencia del orden constitucional”, “la moral y las buenas costumbres”, o cualquier otra entelequia. ¿Qué es lo que hace legítima la fuerza implantada por el ESMAD? ¿El simple hecho de que pertenece a una entidad adscrita al estado? ¿La presunción de legalidad de sus actos?, hay entonces un llamado a la coherencia del Estado y sus instituciones  que “dicen” rechazar la violencia, un llamado a que se tome en serio la democracia.

Como estudiantes e intelectuales desde el sentido que lo propone Gramcsi,  creemos que las vías de hecho son el último recurso; que los primeros pasos son los espacios de debate, la construcción de escenarios de diálogo, las movilizaciones democráticas, sin embargo, cada una de estas acciones durante las últimas décadas han sido descalificadas y estigmatizadas, a punto de llevar adjetivaciones implícitas de “enemigo interno”.  La violencia epistémica que los directivos de la Universidad han construido con sus macartizaciones sobre los espacios de carácter organizativo estudiantil, han generado fragmentaciones del movimiento mismo y el surgimiento de formas de protestas que asustan al establecimiento; un micro escenario que relata la realidad del país en los últimos 50 años, con la invisibilización de sectores sociales que ha desencadenado un derramamiento de sangre sin sentido. 

Por tal motivo las diferentes manifestaciones del denominado “tropel”  deben de ser analizadas, desde diferentes ópticas y perspectivas, como un ejercicio necesario para entender nuestro presente y caminar a una sociedad académica, que transite en una democracia más profunda.

Llama la atención cómo el último comunicado del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, es una catarsis individual, simplista y ciega de la realidad que vive nuestra universidad; ya que, como dice el Comunicado del Claustro de Profesores de Humanas, “permite generar confusiones en cuanto a la caracterización de la organización estudiantil y sus reivindicaciones.”

Retomando las palabras de la Decana Gloria Patricia Peláez Jaramillo,  autora del comunicado que generó debates por sus formas simples, desde la Red Cepela se coincide en otra reflexión que ella hace; que en la Universidad “unos sujetos toman a otros sujetos como objetos de sus goces particulares”.  Sin embargo se discrepa sobre quiénes son esos sujetos, pues quien se ha tomado la universidad para su goce particular es la empresa privada, a través del modelo de marketing denominado en su lenguaje “prestación de múltiples servicios en la universidad”; de igual forma otro puñado de sujetos se ve manifiesto en el Consejo Superior, que ignorando formas democráticas y en un abuso de poder decide cuándo y por qué cerrar la Universidad.

A esta serie de acciones violentas contra la organización social, se debe sumar el silencio cómplice en el que ha caído la institución frente a hechos que vulneran la libertad de expresión y que se constituyen en persecución al pensamiento crítico. Ejemplo de esto es el reciente silencio sobre la destitución de uno de sus exprofesores, Miguel Ángel Beltrán, por parte de la Procuraduría, ignorando que ya había sido absuelto en juicio.

Se desconoce entonces cuál es ese “espacio abierto y de debate que representa la universidad, sin intimidación, (como) la única alternativa civil y el derecho humano que nos resta en una Colombia”, espacio que nos nombra Gloria Patricia Peláez, Decana de Ciencias sociales y humanas en uno de sus comentarios sobre la coyuntura de la U de A el 29 de octubre.

La Red discrepa con la pugna de una única informalidad pues se está desconociendo la contratación profesoral informal que dentro de la ciudad universitaria se lleva a cabo. 

Se disiente también ante el silencio sobre temas tan importantes como la militarización de la vida social, ya que legitiman el control y la represión por medio de cámaras y sensores. Un “gran hermano en el centro del pensamiento”, paradoja de la llamada modernidad. Se ve con preocupación la priorización de sistemas de “seguridad” en detrimento del sistema de Bienestar Universitario; un ejemplo de esto es que el costo de los torniquetes fue de aproximadamente quinientos millones de pesos y el presupuesto anual para una Facultad de más de cuatro mil estudiantes es de cinco millones de pesos y para completar el panorama, los contratos son otorgados a empresas privadas de vigilancia para que instalen cámaras, algunas ocultas, que ni los mismos administrativos (como lo reconociera el rector[1]) saben dónde están.

Muchas preguntas quedan en estas iniciales líneas, pero ahora mismo y  en medio de esta coyuntura,

¿Es más importante un sistema represivo de circuitos cerrados de televisión o una política audaz, profunda de Bienestar universitario?

Sobre todo si tomamos las palabras de la administración cuando dice que la Universidad Pública está en riesgo por el déficit presupuestal.

1. http://asoprudea.udea.edu.co/co_respondencia/Suplemento_Especial.pdf  (Pag 6)